Mitos que ponen en peligro a las/os menores durante las disputas de custodia

Stephanie J. Dallan y Joanna L. Silberg

Lunes 11 de junio de 2012




El Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence es una organización científica no gubernamental que se ocupa del bienestar de los niños y niñas.

Nuestra preocupación por el trato que dispensa el sistema judicial a las víctimas de violencia intrafamiliar durante los procesos de divorcio y las disputas por custodia de los/as hijos/as ha ido en aumento.

Preparando este artículo, hemos revisado documentación sobre varios casos en los que menores fueron entregados/as en custodia exclusiva a un padre acusado de haberlos maltratado o haber abusado de ellos/as. A menudo a estos/as niños/as se les prohibía tener ningún tipo de contacto o muy limitado con la progenitora que había intentado protegerlos a pesar de que en ningún momento se había probado que les hubiera hecho daño. En muchos casos las acusaciones que habían hecho los/as niños/as eran bastante creíbles.

También hemos revisado el amplio número de investigaciones que están saliendo a la luz que demuestran que los/as niños/ as que denuncian maltrato corren un gran peligro de no ser protegidos/as si están en medio de un proceso de disputa por custodia entre los progenitores. Muchos son víctimas de incesto. Por tanto, parece clara la necesidad de información científica para educar a los/as profesionales sobre los riesgos a los que se enfrentan los/as menores durante el divorcio o las decisiones de custodia. La necesidad del niño/a de ser protegido/a, que se supone que es primordial, se pierde en la refriega.

Algunos grupos se han opuesto a exponer estos problemas afirmando que esta información responde a motivos políticos o constituye un “golpe a los padres varones”. Nuestro análisis indica que el problema de abusadores sexuales o maltratadores obteniendo la custodia de sus hijos e hijas está muy extendido y bien documentado por las investigaciones. Al presentar esta información no intentamos “golpear” a ningún grupo en particular, sino educar a aquellos/as que buscan aprender más sobre este problema.

Con este fin, el Leadership Council ha desarrollado la siguiente hoja informativa para ayudar a clarificar temas que afectan a la seguridad de los/as menores en contextos de disputas por custodia. Urgimos a los lectores a utilizar esta información para trabajar diferentes formas de ayudar a la sociedad a trabajar hacia una mejor protección de aquellos/as que han tenido la doble desgracia de ser maltratados/ as y estar en medio de una disputa por custodia.

Introducción

Aproximadamente uno de cada dos matrimonios en EEUU termina en divorcio, lo que afecta a alrededor de un millón de menores cada año. Cerca del 10% de estos divorcios conlleva litigios por custodia. Al mismo tiempo, la violencia doméstica y el maltrato infantil son problemas muy extendidos. No es de extrañar que familias con un historial de violencia a menudo acaben en divorcio con custodia de los/ as hijos/as como tema de litigio.

Determinar qué progenitor debería tener la custodia cuando no se ponen de acuerdo no es fácil. Las acusaciones de violencia familiar pueden hacer que el proceso sea incluso más difícil y que se alargue. Desgraciadamente, los evaluadores de custodias a menudo tienen poca formación en reconocer el maltrato infantil y la violencia doméstica y darle una respuesta adecuada; de esta manera, pueden fallar a la hora de investigar de forma efectiva las acusaciones. Más aún, el personal de los tribunales puede fallar a la hora de reconocer que el litigio por custodia puede convertirse en un vehículo mediante el cual los maltratadores y los abusadores de niños y niñas intenten extender o mantener su control y autoridad sobre sus víctimas tras la disolución del matrimonio.

Como consecuencia de todo ello, es muy frecuente que las decisiones sobre la custodia terminen estando basadas en mitos o percepciones parciales de los evaluadores más que en consideraciones muy cuidadas de las pruebas sobre los hechos. A continuación presentamos una visión general de algunas de las creencias erróneas que contribuyen al problema de que no se esté protegiendo a los niños y niñas de este maltrato en los tribunales de familia.

MITO 1 –Las Acusaciones de abusos sexuales son algo muy común durante las disputas por custodia y la gran mayoría de ellas son falsas, infundadas o insustanciales

Mucha gente cree que las acusaciones de abusos son endémicas en litigios por custodia y divorcio y que son utilizadas principalmente por madres para obtener ventajas estratégicas. Cuando dos progenitores antagónicos están enfrascados en disputas legales es razonable preocuparse por sus motivos si se presentan acusaciones de abusos. Sin embargo, los estudios han demostrado con consistencia que las acusaciones de abusos sexuales no son comunes durante los litigios de custodia, y cuando se investigan con rigurosidad no resultan ser falsas en más casos que en las acusaciones presentadas en otros contextos.

La Unidad de Investigación con sede en Denver de la Asociación de Tribunales de Familia y Conciliación (Association of Family and Conciliation Courts) investigó esta cuestión. Llevó a cabo un estudio de dos años donde se exploraba la incidencia y la validez de las acusaciones de abuso sexual en casos de custodia.

Contrariamente al mito popular que sostiene que las acusaciones de abusos sexuales en casos de custodia son relativamente frecuentes, el estudio mostró que en los 12 estados que participaron en él sólo el 6% de los casos de custodia incluyen acusaciones de abusos sexuales. Las conclusiones de este estudio también cuestionaban la creencia de que esas acusaciones son típicamente falsas. Los investigadores encontraron que la mitad eran verdaderas y en otro 17% de ellas la determinación de la validez no pudo hacerse con ningún grado de certeza. En la tercera parte restante de los casos no se creyó que hubiera habido abusos. Sin embargo, en la mayoría de estos casos donde los abusos no fueron probados, se creyó que las acusaciones habían sido hechas con buena fe o basadas en sospechas auténticas.

Otras investigaciones han llegado a conclusiones similares. Un estudio Australiano (Brown 1997) mostró que el tanto por cierto global de acusaciones falsas durante el divorcio era del 9%, similar al tanto por cierto de falsas acusaciones en otro tipo de casos. Schuman (2000) en su investigación encontró una oscilación entre 1 y 5% de acusaciones falsas intencionadas, y entre 14 y 21% de acusaciones por error.

No siempre es la madre la que acusa al padre en las acusaciones falsas. Nicholas Bala y John Schuman, dos profesores de derecho de la Universidad de Queen, revisaron decisiones judiciales de canadienses donde se presentaban acusaciones de abusos sexuales o físicos en el contexto de separaciones matrimoniales. Examinaron 196 casos civiles que fueron sentenciados entre 1990 y 1998. Los resultados revelaron que los jueces percibieron que sólo un tercio de los casos no probados de abusos sexuales debidos a batallas por custodia conllevaban que alguien deliberadamente había mentido en el juzgado. En estos casos, los jueces descubrieron que era más frecuente encontrar padres, no madres, que habían fabricado las acusaciones. En cuanto a las acusaciones iniciadas por mujeres, sólo en el 1,3% el juzgado de familia consideró que eran falsas de forma intencionada, comparado con el 21% cuando era el padre quien presentaba la acusación.

En conclusión, las pruebas disponibles refutan la idea de que las acusaciones sexuales en contexto de casos de custodia y régimen de visitas tienen dimensiones epidémicas, y rebaten la idea de que normalmente estos casos son iniciados por madres vengativas o seriamente desequilibradas.

MITO 2 – Un historial de malos tratos no tiene nada que ver con el maltrato infantil

Las progenitoras que han sido maltratadas por el otro progenitor a menudo temen por la seguridad de sus hijos/as, especialmente tras la separación cuando ya no están presentes para mediar a favor del/la menor. Hay quien ha sugerido que este miedo es infundado aseverando que no hay una correlación significativa entre la mujer maltratada y las diferentes formas de maltrato infantil. Sin embargo, las abundantes investigaciones refutan esta afirmación.

Como el informe de la Asociación Americana de Psicología en el que se señala que se puede esperar de los padres que maltratan a la madre que usen técnicas abusivas de poder para controlar también a los/as hijos/as (APA 1996).

Hasta la fecha, alrededor de 30 estudios que han examinado la coexistencia de la violencia doméstica y el maltrato infantil han demostrado que se da un gran solapamiento.

En resumen, se encontraron ambas formas de violencia en el 40% de las familias estudiadas con una oscilación en la mayoría de los estudios entre el 30% y el 60% de las familias (Appel & Holden 1998, Edleson 1999).

Tal vez la prueba más convincente proviene de una encuesta nacional representativa de 3.363 padres americanos/as. En ella se demostraba que la violencia marital resulta ser un factor que predispone estadísticamente de forma significativa al maltrato físico infantil; cuanto mayor es la de violencia contra un progenitor, mayor es la probabilidad de maltrato físico infantil por parte del progenitor agresor físico. La relación es más fuerte entre maridos que entre esposas.

La probabilidad de maltrato infantil por un marido violento aumenta de un 5% con un acto de violencia marital a cerca del 100% con 50 o más actos de violencia marital.

Las probabilidades predecibles de maltrato infantil por parte de una esposa violenta se incrementan de un 5% con un acto de violencia marital a un 30% con 50 o más actos de violencia marital (Ross, 1996).

Aunque se han llevado a cabo menos investigaciones sobre el solapamiento entre violencia doméstica y abuso sexual infantil, las pruebas disponibles indican que hay razones para estar preocupados.

Pavesa (1988) llevó a cabo un meticuloso estudio de control de casos de 34 familias en las que habían ocurrido incesto de padre a hija y compara estas familias con el control de otras 68 familias. Las hijas de maltratadores tenían 6,5 veces más posibilidades de ser víctimas de incesto por parte de su padre que otras chicas.

También en encuestas a niños se han encontrado evidencias de solapamiento entre violencia doméstica y abuso sexual infantil.

Por ejemplo, Roy (1988) entrevistó a 146 niños de edades entre 11 y 17 que habían estado expuestos a violencia doméstica. Casi un tercio de las niñas (31%) afirmaban que habían sido abusadas sexualmente por su padre y/o tenían documentación de abuso sexual en su expediente.

Una encuesta a 313 mujeres universitarias mostró una tendencia similar. El 9% de las mujeres afirmaron que habían presenciado algún tipo de conflicto físico entre sus padres. Presenciar la violencia familiar se asoció a haber experimentado maltrato físico o sexual durante la infancia (Feerick & Haugaard, 1999).

Todavía más, un/a menor no tiene que ser maltratado física o sexualmente para que se considere que está sufriendo daño debido a la violencia doméstica. Los estudios han demostrado que la exposición a la violencia también afecta de forma negativa a los/as menores.

Por ejemplo, Kernic y sus compañeros (2003) examinó 167 niños/as de Seattle de mujeres con informes policiales o informes judiciales de maltrato en la pareja. La exposición al maltrato de su madre se asociaba de forma significativa a los problemas de comportamiento del/la niño/a (tanto en presencia como en ausencia de solapamiento de maltrato infantil directo).

MITO 3 – Rara vez se concede la custodia a padres varones maltratadores

Algunas personas sugieren que se conceden custodias a padres maltratadores en contadas ocasiones. A la mayoría nos gustaría pensarlo. Sin embargo, desgraciadamente las investigaciones empíricas nos indican lo contrario. Aunque los estudios no han encontrado una mayor incidencia de denuncias falsas de maltrato/abuso infantil y violencia doméstica en el contexto de disputas por custodia o régimen de visitas, tanto jueces como demás personal del sistema judcial, de forma poco razonable, tienden a sospechar de las demandas de maltrato o abusos que se interponen en estos casos. Como consecuencia, los maltratadores a menudo solicitan la custodia y a menudo se la conceden.

Según un informe de la Asociación Americana de Psicología es más probable que un maltratador pida la custodia exclusiva de sus hijos/as que un padre no violento, y puede llegar a obtenerla en la misma proporción (o incluso con más posibilidades) que la madre (APA, 1996).

Un informe de la Fundación Americana de Jueces descubrió que el 70% de las veces el agresor que solicita la custodia conseguía convencer a los tribunales para que se la concedieran.

De hecho, parece ser que presentar denuncias de maltrato/abuso puede ser más perjudicial para el/la progenitor/a que está intentando proteger al menor que para el agresor denunciado.

En un estudio que está llevando a cabo en la actualidad el Instituto Nacional de Justicia, se demuestra que las mujeres que informan a los mediadores de custodias de que son víctimas de violencia doméstica a menudo se les conceden menos custodias frente a aquellas que no lo hacen (Sacuzzo & Johnson, 2004).

Los investigadores han encontrado que sólo el 35% de las madres que denuncian malos tratos obtienen la custodia principal, comparado con el 42% de las madres que no lo hacen. A los padres varones que fueron acusados de violencia doméstica se les concedió la custodia primaria en el 10% de los casos, mientras que aquellos que no lo fueron la obtenían en el 9%. De esta manera, los agresores denunciados no sufrieron ningún tipo de consecuencias negativas por ello.

De hecho, las únicas veces que las pruebas de violencia doméstica afectaron al presunto maltratador fue cuando el mediador detectó evidencias de violencia cuando la madre no había denunciado el maltrato que había sufrido. Cuando esto ocurría, los mediadores recomendaban el doble de veces que en casos normales el intercambio del menor con protección.

Así, las mujeres que denunciaron el maltrato de forma directa consiguieron menos protección para ellas y sus hijos/as.

Un estudio reciente elaborado por Harborview Injury Prevention & Research Center en Seattle ha confirmado estos resultados (Kemic 2005). Los investigadores analizaron documentación de más de 800 parejas locales con hijos/as pequeños/as que presentaron una demanda de divorcio entre 1998 y 1999, incluidos 324 casos con historial de violencia doméstica. Descubrieron que las pruebas de violencia doméstica no parecían cambiar la forma en la que los tribunales decidían sobre las custodias.

En otras palabras, los padres varones que eran violentos tenían las mismas posibilidades de conseguir las custodia cuando la solicitaban que los padres no violentos.

Tampoco los tribunales solicitaban más frecuentemente un régimen de visitas vigilidas por un tercero en casos de padres varones con un historial de haber cometido violencia doméstica más que en casos de otros padres.

Faller y De Voe (1995) examinaron 214 demandas de abusos sexuales en casos de divorcio que fueron evaluados por un equipo multidisciplinar de una clínica universitaria. El resultado fue que en el 72,6% se determinó que era posible, el 20% improbable y el 7,4% incierto.

También descubrieron que 40 de las progenitoras que habían presentado el caso de abusos sexuales habían sufrido sanciones negativas asociadas a este hecho. Estas sanciones incluyeron encarcelamiento, pérdida de la custodia a favor del progenitor denunciado, de un pariente o de una familia adoptiva; pérdida o limitación del régimen de visitas; advertencia de no volver a informar de presuntos abusos de nuevo en los tribunales, a los servicios de protección a la infancia ni a la policía; prohibición de llevar en un futuro a los/as menores a un médico o terapeuta debido a su preocupación sobre posibles abusos sexuales.

Ninguno de estos progenitores que experimientaron esas sanciones fueron a los que se les había juzgado por haber presentado falsas acusaciones. De hecho, los casos que habían sido sancionados tendían a puntuar más alto en la escala de posibilidades de abuso sexual y tenían más posibilidades de presentar pruebas médicas que los casos no sancionados.

Los hallazgos de Neustein y Goetting (1999) también mostraban su preocupación por cómo los juzgados de familia estaban manejando los casos que incluían abusos sexuales. Para este estudio habían examinado las respuestas judiciales a las demandas de progenitoras que buscaban protección para sus hijos/as debido a abusos sexuales en 300 casos de custodia con un historial extenso en el juzgado de familia. Los investigadores hallaron que sólo en el 10% de los casos donde había denuncias por abusos sexuales se había concedido la custodia principal a la progenitora que estaba intentando proteger al/la menor de dichos abusos con visitas vigiladas con el presunto abusador.

Por el contrario, en el 20% de estos casos las denuncias tuvieron resultados predominantemente negativos donde se entregó la custodia principal física y legal al progenitor presuntamente abusador sexual. En el resto de casos, los jueces concedieron la custodia compartida sin fijar visitas supervisadas con el presunto abusador.

Para conocer mejor los problemas a los que tienen que hacer frente las progenitoras que intentan proteger a sus hijos/as en el sistema legal, los investigadores de la Universidad Estatal de California San Bernardino están llevando a cabo una encuesta nacional (Stahly 2004). Hasta la fecha, alrededor de 100 progenitoras protectoras identificadas han completado un cuestionario de 101 preguntas. Los resultados arrojan serias preocupaciones sobre cómo están siendo tratados estas progenitoras en el juzgado de familia. Antes del divorcio, el 94% de las madres protectoras encuestadas decían que eran las principales cuidadoras de los/as menores y el 87% tenían su custodia en el momento de la separación.

Sin embargo, como consecuencia de haber denunciado los abusos sexuales hacia su/s hijo/s o hija/s, sólo el 27% se quedó con su custodia tras el proceso judicial. La mayoría de ellas pierden la custodia durante un proceso “ex parte” de emergencia donde no se les notificó ni se les requirió su presencia.

La gran mayoría de estas madres (97%) informaron de que el personal de los tribunales ignoró o minimizó los informes sobre los abusos. Casi la mitad (45%) de las madres dijeron que se las había etiquetado de “alienadoras” que habían inducido el Síndrome de Alienación Parental (SAP) a sus hijos/as. La mayoría de estas madres sentían que estaban siendo castigadas por intentar protegerlos. Dos tercios (65%) dijeron que habían sido amenazadas con sanciones si “hablaban públicamente” sobre el caso.

El 85% de las progenitoras protectoras entrevistadas creía que sus hijos/as continuaban siendo abusados/ as; sin embargo, el 63% dijo que habían dejado de denunciar los abusos por miedo a que interrumpieran cualquier contacto con ellos/as. El 11% de estos/as menores habían intentado suicidarse.

Las progenitoras protectoras entrevistadas también afirmaron haber sufrido repercusiones financieras severas. El coste medio del proceso judicial era de 80.000$; alrededor de un cuarto de las progenitoras protectoras dijeron que se vieron forzadas a declararse en banca rota como consecuencia de la demanda por la custodia de sus hijos/as.

MITO 4 – Una buena madre no pierde la custodia de sus hijos/as

Mucha gente cree firmemente que la única manera en la que una madre podría perder la custodia de sus hijos/as frente a un presunto maltratador o abusador sexual de menores sería demostrándose que ella fuera una progenitora incluso menos adecuada que él.

La mayoría de las personas tienen dificultades para creer que un juzgado quitaría un niño/a a una madre que ha sido la principal cuidadora si su único delito ha sido expresar su preocupación por su propia seguridad o la de sus hijos/as. Desgraciadamente, las investigaciones demuestran claramente que esto está ocurriendo en la actualidad.

Así, la primera pregunta que deberíamos hacernos es por qué. Parece que no hay una respuesta simple a esta pregunta, sino que más bien encontramos una serie compleja de dinámicas.

  • En primer lugar, existe la creencia muy extendida en nuestra sociedad de que una persona que aparenta y actúa de forma normal no podría ser un maltratador o un abusador sexual de niños/as. Sin embargo, estos agresores son muy conscientes de nuestra propensión a sacar conclusiones sobre comportamientos privados de una presentación pública y tienden a usar este conocimiento en su beneficio (Salter 2003). Así, pueden aparentar ser padres perfectos durante sus comparecencias en el juzgado. Por otro lado, las madres inquietas por la seguridad de sus hijo/as a menudo parecen demasiado preocupadas y como si estuvieran exagerando el problema.

Como apuntaba un informe de la Asociación Americana de Psicología: “Si el juzgado ignora el historial de violencia como el contexto para el comportamiento de la madre en una evaluación sobre custodia, ella puede parecer hostil, que no coopera o mentalmente inestable. Por ejemplo, puede negarse a rebelar su dirección o puede resistirse a que le concedan al padre un régimen de visitas no vigiladas, especialmente si piensa que su hijo está en peligro.

Los evaluadores psicológicos (equipos psicosociales) que minimizan la importancia de la violencia contra la madre o patologizan sus respuestas hacia dicha violencia, pueden acusarla de alienar a los niños contra el padre y pueden recomendar dar la custodia del padre a pesar de su historial de violencia... (APA, 1996).”

  • La segunda razón por la que buenas madres pierden la custodia frente a presuntos agresores es que algunos funcionarios de los juzgados perciben que las mujeres que denuncian abusos fabrican o exageran los incidentes de violencia como una manera de manipular a los tribunales para obtener ventajas tácticas (Doyne 1999). Como se ha afirmado anteriormente, las investigaciones han refutado esta idea de que las denuncias de abusos presentadas durante los litigios por custodia son normalmente falsas. Las mujeres no ganan ninguna ventaja táctica sacando a luz este tema. De hecho, se ha demostrado que las que denuncian abusos reciben menos decisiones favorables a ellas que las que no lo hacen (ver, e.g., Sacuzzo & Johnson 2004). Por este motivo, algunos abogados aconsejan a las mujeres no contar a los tribunales ni a los mediadores ni los abusos sexuales ni la violencia doméstica porque haciéndolo se arriesgan a perder la custodia frente al presunto agresor (“Custody Litigation,” 1988; Saccuzo & Johnson 2004).
  • Un tercer factor que contribuye a este problema es la adopción tan extendida del concepto de “Progenitor Conciliador”. Muchas legislaciones estatales han introducido leyes que instan a los juzgados de familia a favorecer los acuerdos de custodia compartida y, cuando no sea posible, a favorecer al progenitor que aparente ser más “conciliador” para llegar a un acuerdo de custodia compartida. Al menos 31 estados han establecido requerimientos judiciales para tomar en consideración cuánto de “cooperativo” es el progenitor cuando se está decidiendo el acuerdo de custodia (Gonzalez & Reichmann 2005). Más aún, los jueces a menudo se apoyan en estas consideraciones incluso cuando su legislación no les obliga a ello (Zorza, 1992). La intención de la preferencia del “Progenitor Conciliador” es garantizar que los/as niños/as van con el progenitor que con más probabilidad vaya a facilitar la relación de estos/as con el otro progenitor.

Aunque este es un objetivo razonable, en la práctica el resultado ha sido que se ha penalizado a las progenitoras que han transmitido su preocupación sobre los posibles abusos sexuales a los/as niños/ as o sobre la violencia doméstica por parte del agresor (Dore 2004). Las preferencias del Progenitor Conciliador tienden a favorecer a los agresores que rara vez ponen objeciones al acceso del progenitor/a no agresor/a a los/as niños/as. Por otro lado, las progenitoras protectoras con frecuencia tienden a buscar acortar el acceso del progenitor violento a los/as hijos/as. El solo hecho de mostrar preocupación por posibles abusos sugiere al juzgado que la progenitora protectora es de forma inherente “no conciliadora” hacia su ex pareja y se le debería por tanto denegar la custodia (Dore 2004).

Algunos profesionales han descubierto que el concepto de “Progenitor Conciliador” lo utilizan más a menudo en contra del progenitor/a custodio o contra el progenitor/a primario/a, normalmente la madre (Zorza 1992). Algunos estados han intentado rectificar las injusticias consecuencia de la preferencia por el “Progenitor Conciliador” promulgando medidas previniendo en contra de conceder custodias a un perpetrador de violencia doméstica. Sin embargo, incluso cuando el estado cuenta con esta medida que aconseja que los agresores no consigan la custodia, estas recomendaciones no siempre se siguen.

Por ejemplo, Morrill (2005) evaluó la efectividad de las leyes respecto a la medida contra la concesión de custodias a maltratadores en seis estados diferentes. Los investigadores examinaron 393 órdenes de custodia y/o regímenes de visitas cuando el padre había maltratado a la madre y encuestó a 60 jueces que habían dictado esas órdenes. Descubrieron que se fallaba a la hora de proteger a los/as niños/as en estados con recomendación legal contra la concesión de custodia a un agresor cuando el estado también contaba con una disposición de “Progenitor Conciliador” junto con recomendación de la custodia compartida.

  • Una cuarta razón por la que una madre adecuada puede perder la custodia de sus hijos/as frente a un presunto agresor es debido a los estándares poco estrictos que permiten a la ciencia basura influir en las decisiones judiciales en los juzgados de familia. A lo largo de los años se han venido desarrollando una serie de “síndromes” que han patologizado las respuestas de las madres que intentaban proteger a su hijo/a de su esposo maltratador. El más popular de ellos, el Síndrome de Alienación Parental, lo discutiremos en el siguiente apartado.

MITO 5 – El Síndrome de Alienación Parental es un fenómeno muy común y bien documentado

Aquellos que creen en el mito de que las madres a menudo presentan denuncias falsas de abusos pueden intentar explicar estas denuncias apoyándose en la llamada teoría del Síndrome de Alienación Parental. Aunque nunca se ha probado que esta teoría sea fiable ni válida, algunas personas continúan afirmando que constituye un fenómeno bien documentado.

Los/as menores pueden sentirse distantes de uno o ambos progenitores en cualquier momento, sin embargo, es más posible que se produzca de forma más evidente durante un divorcio conflictivo cuando se les obliga a cambiar sus circunsancias de vida. También pueden surgir las denuncias de abusos cuando se pone la vida íntima de la familia bajo el escrutinio de profesionales de la salud mental y de personal de los juzgados.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) pretende explicar ambos fenómenos: el distanciamiento del hijo/a de su padre y las preocupaciones sobre abusos que presenta la madre.

De hecho, el Dr. Richard Gardner, el creador de esta teoría, la desarrolló mientras trabajaba como asesor para hombres acusados de abusar sexualmente de sus hijos/as. De esta manera, este síndrome fue creado como una teoría de defensa para refutar las denuncias de abuso sexual infantil (Dallam 1999).

Garnder denife el SAP de la siguiente manera: “El síndrome de alienación parental (SAP) es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación primaria es la campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene justificación. Ello resulta de la combinación de una programación (lavado de cerebro) de adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo.”

Gardner consideraba que el SAP era un desorden psiquiátrico que aparecía en el curso de las disputas por custodia de un/a menor adjudicado en el contexto de procedimientos del adversario. La teoría de Gardner describía al progenitor preferido o al protector (normalmente la madre según el SAP) como un “alienador” perverso que es virtualmente el único responsable de volver a un/a niño/a vulnerable contra su progenitor distanciado (normalmente el padre según el SAP). Se ve al/la menor como un enfermo y al progenitor “alienador” protector (por ejemplo a la madre que muestra su preocupación por los abusos que pueda estar sufriendo el/la menor) como la única causa del desorden del/ la menor. Cuando se juzgaba que este progenitor se encontraba en la categoría “severa”, el Dr. Gardner recomendaba conceder la custodia exclusiva al otro progenitor, el que el/la menor afirmaba que está abusando de él/ella. De esta manera, la cura principal del/la menor para esta supuesta enfermedad mental es ponerle más tiempo en manos del presunto agresor mientras se reduce o interrumpe por completo cualquier contacto de este/a menor con el progenitor protector.

Gardner nunca sometió esta teoría a ninguna evaluación científica y nunca se ha demostrado que sea un síndrome válido. A pesar de estas deficiencias, el SAP ha ganado apoyos en los tribunales de familia a lo largo de nuestro país. Algunos de ellos lo han aceptado porque aparentemente parece explicar un fenómeno muy bien reconocido en las batallas por custodia, las luchas agrias entre progenitores por el afecto de los/as niños/as. Además, el SAP ofrece a los tribunales aparentemente respuestas simples a problemas complejos que surgen cuando se presentan denuncias por violencia doméstica durante los litigios por custodia. El SAP también es bien aceptado por los juzgados porque casa bien con el concepto de “Progenitor Conciliador”. Desgraciadamente, como ocurre con el concepto de “Progenitor Conciliador”, el Síndrome de Alienación Parental se presenta en los tribunales con la paradoja de que parece minar la toma de decisión racional cuando se está considerando el mejor interés del menor. Con la teoría del SAP, los pasos de la progenitora custodia preocupada por conseguir asistencia profesional para diagnosticar, tratar y proteger al/la menor, constituyen una evidencia de “alienación”.

El abogado Richard Ducote (2002) notó que “una de las ironías del… SAP es que la existencia creciente de evidencias válidas de verdaderos abusos sexuales llevaba a Gardner y a sus devotos a un diagnóstico aún más ferviente de SAP. Así, el SAP es el sueño de cualquier abogado defensor criminalista, ya que cuanto mayor es la prueba del crimen, mayor es la prueba de la defensa”.

Fuera de la sala de los tribunales al SAP le ha ido menos bien. Por ejemplo, en un artículo publicado en Professional Psy- chology: Research and Practice, Rotgers and Barrett (1996) citan la teoría del SAP como un ejemplo excelente de teoría no científica que encaja con la “lógica del revés”.

Más aún, el SAP ha sido ampliamente desacreditado en círculos académicos por ir en contra de la mujer y los/as niños/as y por sus defectos al fallar a la hora de tener en cuenta otras explicaciones alternativas para el comportamiento de las partes implicadas (ver, e.g. Dallam 1999).

Los métodos de Gardner para determinar la veracidad de las denuncias de abusos sexuales han sido también criticados por ser fuertemente parciales a favor del presunto abusador del/la menor. Por ejemplo, en una revista publicada en el Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Amaya Jackson y Everson (1996) escribieron: “la parcialidad se puede notar en los intentos de Gardner de desacreditar las denuncias de un/a niño/a recurriendo a las nociones estrechas y a menudo muy simplistas sobre cómo los/as niños/as abusados/as se comportan sexualmente.” Más aún, notaron que mientras en sus escritos discutía la importancia de que los evaluadores psicológicos fueran neutros y objetivos, sin embargo Gardner expresaba “una acentuada parcialidad al afirmar que una abrumadora mayoría de denuncias, especialmente en casos de custodia, son falsas y que los procedimientos de evaluación que el autor defiende son tendenciosos al buscar llegar a dicha conclusión.”

Lampel (1996) examinó a menores que estaban alineados con uno de los progenitores en un divorcio. El modelo de Gardner (que ve en el progenitor preferido al agente principal causante de la alienación a través de la manipulación y el lavado de cerebro) se comparó con el de Johnston y Campbell (que al/la menor como alineado/a con el progenitor que él/ ella siente que le provee de más empatía y comprensión sobre sus preocupaciones específicas de su edad). La información recogida no demostró el modelo del SAP. Más aún, los padres podían ser los progenitores preferidos tanto como las madres y no se encontraron evidencias que apoyaran la hipótesis de que los progenitores preferidos fueran más desequilibrados que los no preferidos.

Johnson (2003) estudió a menores que se sentían alejados/as de uno de los progenitores durante el divorcio y averiguó que los progenitores rechazados a menudo parecían ser los arquitectos de su propio rechazo. En otras palabras, las deficiencias en el comportamiento como padres estaban fuertemente unidas al rechazo de los/as menores hacia ellos. Como detectó Smart (2002), después del divorcio los/as menores tienen que restablecer su relación con los progenitores. La calidad de estas relaciones depende en gran medida de la confianza y cariño que se habían establecido previamente a la separación juntamente con la calidad de la función como padres tras dicha separación.

Mientras que el SAP no es un síndrome válido, esto no implica que las denuncias de abusos sean siempre ciertas o que los progenitores en un momento dado no intenten manipular a sus hijos/as durante el proceso de la custodia. Sin embargo, las teorías simplistas como el SAP no son lo suficientemente científicas para ser capaces de establecer determinaciones de causa efecto y pueden poner a los/as menores en peligro si no se tienen en cuenta las preocupaciones válidas de abusos.

Para tomar decisiones que sirvan al interés superior del menor, los juzgados de familia necesitan hacer una aproximación más científica y sofisticada a las complejidades de la determinación sobre una custodia.

La última investigación sobre menores envueltos/as en conflictos por custodia alentaba a prestar atención a los factores múltiples, interactivos y a menudo complejos que afectaban a los sentimientos del/la niño/a sobre sus padres.

Como detectó el psicólogo Benjamin D. Garber (1996), la ambivalencia o el rechazo hacia un progenitor pueden estar relacionados con muchos y diferentes factores incluidos: (1) ansiedad normal por la separación; (2) abuso o negligencia hacia el/la menor; (3) el comportamiento o expectativas inadecuados del progenitor; (4) comportamiento inapropiado, impredecible o violento del progenitor; (5) “causas incidentales” como desagrado de la nueva pareja o compañero de piso del progenitor; (6) alienación a través de un tercero; (7) la manipulación sin ayuda del niño/ sobre sus progenitores; (8) miedos por el bienestar del progenitor ausente.

MITO 6 – Es más posible que los/as menores sufran maltrato al cuidado de las mujeres que al cuidado de los hombres

El mito de que las mujeres son más violentas que los hombres está siendo promovido en la actualidad por grupos extremistas.

Esta afirmación está basada en parte en un informe estadístico llevado a cabo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EEUU que intenta desacreditar al número de investigaciones corroboradas sobre maltrato infantil y negligencia por sexos que existen.

El análisis del HHS demuestra que del número de niños/as maltratados/as por sus padres, el 40,8% fue maltratado por la madre actuando sola; otro 18,8% fue maltratado por el padre actuando solo; y el 16,9% fue maltratado por ambos. Algunas personas intentan hacer un mal uso de estas estadísticas para sugerir que los/as menores corren más peligro de maltrato cuando están al cuidado de la madre que del padre. Una lectura cuidadosa del informe del HHS demuestra que la mayoría de los ejemplos de maltrato corroborados envolvían negligencia de niños/as menores de 3 años.

Porque en nuestra sociedad las mujeres tienden a pasar muchas más horas con los/ as niños/as pequeños/as que los hombres, tiene sentido que la impresión general sea que estos/as tengan más posibilidades de ser maltratados/as por una mujer más que por un hombre. Sin embargo, esto no sugiere que un/a niño/a estaría más seguro/a si el padre se hiciera cargo de su cuidado en lugar de la madre.

Un estudio reciente basado en el control de casos de la población revisó la información de las muertes de niños/as de 8 años en Missouri. Los investigadores descubrieron que las mujeres eran las perpetradoras del 26% de todas las heridas mortales infligidas a estos/as pequeños/ as (Schnitzer & Ewigman, 2005). La gran mayoría de los agresores eran hombres (71,2%). En la mayoría de los casos el agresor era el padre del niño/a (34,9%) o el novio de la madre (24,2%). La madre del/ la niño/a era la agresora sólo en el 19,7% de las muertes.

Schnitzer y Ewigman (2005), basándose en su investigación concluyeron que los/as niños/as están más seguros/as cuando viven en la misma casa con ambos progenitores biológicos o con uno de ellos y no con otros adultos. Parece que los/as menores corren más peligro cuando viven en casas que incluyen hombres que no tienen parentesco con ellos/as.

Otros estudios recientes revelan conclusiones similares. Por ejemplo, Starling (1995) en el Hospital Infantil de Denver llevó a cabo una investigación sobre identificación de agresores de maltrato con o sin resultado de muerte por trauma craneal durante 12 años (1982-1994).

Los agresores varones sobrepasaban en número a las mujeres dos a uno. Del total el 68,5% de los agresores eran hombres (padres el 37% seguidos de los novios, 20,5%). Los hombres eran agresores en el 74,2% de los casos de muertes por trauma craneal. El grupo más grande de mujeres agresoras eran las canguro que eran responsables del 17,3% de los casos. Las madres eran responsables de tan sólo el 12,16% de los casos de maltrato con trauma craneal.

En resumen, los tribunales deberían estar atentos a las formas en las que se puede hacer un mal uso de la información estadística cuando evalúan la seguridad en las condiciones de vida de un/a menor.

Más aún, un grupo de datos estadísticos no puede decirnos cuál es la mejor situación para la vida de un/a menor en un caso específico. Actualmente, el mejor indicador que tenemos de una propensión a la violencia en el futuro es el comportamiento pasado (Crowley 2005). De esta forma, los/ as niños/as necesitan que se les provea de una manera segura y significativa de ser escuchados/as en los procesos de divorcio (Smart 2002).

Los tribunales deberían poner atención especial al propio informe del niño/a sobre los abusos o negligencia juntamente con las evidencias sobre si un progenitor ha sido en el pasado violento con otros miembros de la familia en la casa.

The Leadership Council on Child Abuse & Interpersonal Violence. Copyright Civic Research Institute. Sexual Assault Report. Volumen 9 Número 3, ISSN 1096-0155. Enero/Febrero 2006. Páginas 33-48.

Texto traducido por Rosa Méndez, Presidenta de la Asociación Crecer sin Violencia.

Ver en línea : Artículo extraido de "La Boletina" Nº XXVII y XXVIII-2008

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